Abogacía y crisis de representación en el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento 

En efecto, se ha disociado por completo la interacción entre los Consejeros por los Abogados, y los Abogados del Foro, al que aquellos deben representar. 
En dos años de gestión, no han rendido cuentas de su actuación, pese a que la Constitución claramente prescribe que su representación abarca a los abogados de la matrícula, quienes intensamente reclaman, por distintos medios, explicaciones de la actuación de Marcela González y Héctor Daniel Zalazar. 
No obstante, las explicaciones no se extienden más allá de la mesa chica del Consejo de Abogados de Resistencia, y el partido político oficialista, con quienes tienen, a menudo, votos alineados. 
En tanto la sociedad y los abogados se enteran de los desmanejos que allí ocurren, cuando un caso se judicializa, y es difundido por la prensa. 
Tampoco han exigido que los tribunales examinadores se integren mediante el sorteo público de los abogados de la matrícula, conforme lo prescribe la Ley 1133.B, privando a todos —letrados y letradas— de la posibilidad de participar como evaluadores en los concursos. 
Esto evita la rotación natural de evaluadores, que dota al concurso de natural transparencia. 
No se esfuerzan en exigir calidad en los exámenes, al punto tal de que varias pruebas fueron calificadas como excelentes, cuando en realidad la nota debió ser un aplazo.
Todo ello, facilitado por la ausencia de publicidad real de esas evaluaciones, a las que es muy difícil acceder. 
Han promocionado las abstenciones, como herramienta de incumplimiento de su obligación de fundar sus votos para proponer aspirantes, en desmedro de la dignidad de los concursantes finalistas, obligando la injustificada reedición de concursos, todo a costa de los impuestos que paga la sociedad, y la eterna espera de justicia que reclama la designación de jueces y fiscales idóneos, más no de punteros oficialistas. 
Esta es la triste realidad que vive el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, producto —sin lugar a dudas— de la partidización de la representación de los abogados que en lugar de defender la ley, los intereses de la sociedad, los justiciables, y los abogados, resultan ser operadores del poder y de los intereses que tenga en agenda el gobierno de turno.
Por eso, el 14 de septiembre será una gran oportunidad para romper con la hegemonía y el lobby entre el Consejo de Abogados y Procuradores de la primera circunscripción y el gobierno. Debemos poner punto final a esos enroques y moneda de cambio, votando a nuestros candidatos Mario Peredo Aguirre y Andrea Lana. Es tiempo de dar vuelta de página y oxigenar el recinto del tufillo de toma y daca. 

 (*El autor es abogado en el libre ejercicio profesional)